En el mundo moderno las leyes no sólo deben ser conocidas por los sujetos a los que van dirigidas, sino también aceptadas y recibidas como legítimas. La legitimación de la ley pasa, necesariamente, por un proceso de comunicación eficaz.
Una Ley que no es aceptada por la sociedad difícilmente será eficiente, es decir, no se aplicará y tampoco será eficaz, es decir, no logrará los fines sociales para los que fue diseñada.
Un ejemplo de lo anterior fue el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular. A pesar de que las sanciones están expresamente establecidas en las ley, el procedimiento para el registro de celulares es bastante claro y los términos para registrar todos los aparatos vencieron en abril de este año, no se ha anunciado la suspensión de líneas de telefonía celular.
Además el procedimiento de registro se realizó en términos distintos a los que establecía la Ley.
En el fondo estuvo la inconformidad de las empresas de telefonía celular que realizaron campaña en contra de la medida, pero también la profunda desconfianza de millones de ciudadanos ante la capacidad del gobierno de resguardar los datos que se le confiarían.
También un sector del mismo gobierno estuvo en contra de la medida al ceder desde el principio a los intereses de las empresas.
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones fue percibida como ilegítima a pesar de que fue aprobada de manera unánime en los órganos legales facultados para ello.
